Animada por los participantes en la Conferencia Internacional sobre Valores y Ética de la IAU celebrada en 2010 en la Universidad Mykolas Romeris de Vilna, la IAU colaboró con el Observatorio Magna Charta (MCO) en la elaboración de estas Directrices para un Código Ético Institucional en la Educación Superior. El grupo de trabajo conjunto de la IAU y el MCO tenía como objetivo ofrecer a las instituciones un conjunto de directrices exhaustivas para el desarrollo o la revisión de su propio código ético, en lugar de intentar lo imposible: preparar un código único que fuera relevante en contextos de educación superior muy diversos. Por lo tanto, el propósito de las Directrices es servir de instrumento para desarrollar, mejorar o reforzar las políticas y los códigos éticos en las instituciones de educación superior de todo el mundo. Las Directrices fueron aprobadas en la 14ª Conferencia General de la IAU en 2012, así como por el Consejo del MCO.

Una ciudadanía bien educada es la base de la equidad social, la cohesión y la participación exitosa en la economía global del conocimiento. Como resultado, la mayoría de los países se han fijado el objetivo de aumentar la proporción de la población con educación superior y/o ampliar el acceso a la educación superior para las personas que están infrarrepresentadas debido a su situación socioeconómica, raza, etnia, religión, edad, género, discapacidad o ubicación.

La libertad académica y la autonomía universitaria son requisitos previos esenciales para que las universidades puedan cumplir con sus responsabilidades ante la sociedad y, al mismo tiempo, un medio para fortalecer los principios de pluralismo, tolerancia y solidaridad académica entre las instituciones de enseñanza superior y entre los académicos y estudiantes a título individual. En 1997, la UNESCO pidió a la IAU que liderara una iniciativa destinada a proteger estos principios a nivel internacional. En este contexto, la declaración de la IAU aboga por la elaboración de un nuevo contrato social entre la universidad y la sociedad y pide una Carta Internacional ampliamente reconocida de derechos y obligaciones mutuos, que incluya mecanismos de supervisión adecuados para su aplicación. La declaración fue adoptada formalmente por la 11ª Conferencia General de la IAU en Durban, Sudáfrica, en 2000.

En respuesta principalmente a la política del Banco Mundial sobre la financiación de la educación superior, tal y como se esbozó por primera vez en el informe del Banco de 1987 titulado La financiación de la educación en los países en desarrollo y se reiteró en el documento de directrices de 1994 titulado Educación superior: las lecciones de la experiencia, la Declaración de Buenos Aires, adoptada por la IAU en 1994, expresa la oposición de la Asociación a la idea central de estas políticas.